Comunicado de la Juventud Guevarista sobre los proyectos de “subsidio trans” y de “reparación integral”

En los últimos días, en los medios de comunicación y redes sociales, se comenzó a difundir (con poca información) y discutir acerca de un proyecto de ley presentado por la legisladora kirchnerista María Rachid para la Ciudad de Buenos Aires. La normativa fijaría  un subsidio de 1200 unidades fijas (que hoy son 8000 pesos) a personas que hayan hecho el cambio de sexo, acorde a la Ley Nacional de Identidad de Género, y residan en dicha ciudad. Por otro lado, a nivel nacional, también desde el kirchnerismo, pero a través de la diputada nacional Diana Conti, se propuso un proyecto de “Reparación Integral” para aquellas personas “que hayan sido privadas de su libertad por causas relacionadas con su identidad de género” y a quienes se les hayan aplicado viejos edictos policiales transfóbicos. El debate sobre estos dos proyectos necesita ser discutido de forma responsable, por lo que acercamos una introducción a la situación de la población trans en la Argentina y las reflexiones necesarias sobre estos proyectos.

Una situación desconocida e invisible

La situación de la población trans en nuestro país podría ser descrita como la de una “genocidio silencioso”, que viene siendo cometido tanto en dictadura como en “democracia”, y que se mantiene en la actualidad. Ante la situación de vulnerabilidad de niños y niñas, que son echados y echadas de sus casas al elegir una identidad de género diferente a la que les asignaron al nacer, el Estado no ha construido mecanismos de acción efectiva para asegurarles el acceso a una familia y a la Educación. Por este motivo, desde temprana edad, estos niños y niñas deben conseguir por su cuenta sus medios de supervivencia en la calle y siendo discriminados y discriminadas por su identidad de género. Surge así uno de los flagelos más grandes para los y las trans: la prostitución obligatoria. Arrojados y arrojadas en la calle, obligadas y obligados a prostituirse para no morir de hambre, sufren detenciones ilegales, vejaciones, torturas y son obligadas y obligados a arreglar con la mafia de la droga para poder prostituirse en una zona roja. Además: operaciones clandestinas, precarias y altamente riesgosas, el contagio del VIH-SIDA por el no respeto en la prostitución trans de la voluntad propia en el uso de preservativo y los crímenes de odio que se llevan compañeras y compañeros de la calle con una regularidad aterradora, entre otras cosas, configuran una vida en niveles infrahumanos en su mayoría y un promedio de vida que se sitúa entre 35 y 40 años.

La lucha es por condiciones dignas e igualitarias

Necesitamos garantizar un acceso igualitario a la Educación, a la Salud, al Trabajo Digno. Para eso se hace necesario impulsar una política de inclusión de la población trans en el sistema escolar, en los puestos de trabajo, en los hospitales, con una acción efectiva del Estado y por medio de profesionales (trabajadores y trabajadoras sociales, médicos y médicas, psicólogos y psicólogas, etcétera) que se dediquen al seguimiento, asesoramiento, control y monitoreo tantos de las políticas públicas existentes como la formulación de nuevas estrategias de abordaje de esta problemática. Es cierto que la población trans es especialmente discriminada a la hora de acceder a estos derechos, por eso apoyamos el proyecto de cupo laboral trans del 3% en el Estado y sus dependencias, ya presentado en Córdoba por la bancada del Frente de Izquierda, y exigimos la reglamentación de parte del Ministerio de Salud del “Plan integral de Salud trans” que contempla la sancionada Ley de Identidad de Género, además de pensar en otras estrategias como la creación de organismos de acciones como las antes mencionadas, o instituciones públicas dedicadas específicamente.

Estos proyectos del kirchnerismo están muy lejos de alejar a la población trans de la prostitución y de sus riesgos. Pese a que el proyecto de “Reparación Integral” constituye un acto de justicia y debe ser apoyado, no se trata de ninguna solución a la inaccesibilidad a la Salud, Educación y Trabajo Digno, a diferencia de medidas como la Ley de Identidad de Género de 2012 que se acercó a ser una política pública en ese sentido, pero continúa siendo muy insuficiente. El kirchnerismo está muy lejos, después de una “década ganada”, de poder decir que ha “ganado” la batalla contra la transfobia del propio Estado ni detenido el genocidio contra las y los trans. Más aún, el proyecto de María Rachid para otorgar un “subsidio” supone grandes retrocesos: en primer lugar exige para ser trans acreditar el cambio del sexo, cuando gracias a la Ley de Identidad de Género establece que el género es tal y como es sentido, no como es “regulado por el Estado”, además de vulnerar la privacidad de quienes tienen el derecho a mantener confidenciales sus actas registrales, y por si esto fuera poco, el proyecto se orienta a quienes superen los 40 años, entendiendo que quienes llegan a esa edad son “sobrevivientes”, reconociendo el propio genocidio del Estado de forma cínica y negando el beneficio a quienes ya lo vienen padeciendo.

Una receta que ya conocemos

La  política del gobierno nacional hacia el colectivo trans, como hacia todos los grupos de identidades disidentes, ha sido la de paralizarlo cooptando voluntades y referentes mediante la concesión gradual de algunas reformas (que en muchos casos no representan grandes avances) y mediante el otorgamiento de “puestos” de militancia dentro de su propio bloque político con la ilusión de ganar “estando adentro” pequeñas batallas. Así, lo que el kirchnerismo quiere hacer es que el árbol de las pequeñas acciones y pequeños avances (¡y hasta retrocesos!) nos impida ver el bosque, es decir, la necesaria organización y lucha con independencia del Estado para conquistar la libertad sexual y de género.

Hacia la liberación

El colectivo trans no es un sujeto pasivo que deba esperar a que “la coyuntura política” permita los avances en sus reivindicaciones, como quiere hacer creer el kirchnerismo. Se trata de compañeros y compañeras de lucha. Nuestra misión es la de comprender que la lucha de trans no es una lucha aislada, sino que a través de ella todos los colectivos y todo el pueblo se beneficia acercándose a una sociedad más libre. No se debe ver a la población trans como a un grupo con  necesidades o derechos que nos son ajenos, sino como a la posibilidad que tenemos todos y todas de ser como sentimos que somos, y es en ese sentido que la avanzar por sus reivindicaciones no es una lucha que se pueda patear para “mejores momentos” sino que es a través de ella que conseguiremos la liberación de todas y todos.

Vamos por:

_acceso igualitario a la Educación, a la Salud y al Trabajo Digno

_Aprobación del proyecto de ley para un cupo laboral trans del 3% en el Estado y sus dependencias.

_Reglamentación  por parte del Ministerio de Salud del Plan Integral de Salud Trans contemplado en la Ley de Identidad de género.

_diseño interdisciplinario de políticas públicas para lograr la inclusión de identidades disidentes.

_No al racismo y a xenofobia

_Respeto a la diversidad sexual y de género en todos los medios de comunicación

_Reforma del Código Civil laica e igualitaria

SIN FEMINISMO NO HAY SOCIALISMO

Equipo de Género de la Juventud Guevarista, La Plata, Berisso y Ensenada

Enfrentemos la Violencia Machista – COMUNICADO

Violencia de Genero

Enfrentemos la violencia machista – COMUNICADO ————————————————————— La tarde del martes 23 de septiembre, y luego de estar desaparecido por un mes, apareció el cuerpo de Melina Romero, de la cual ya se sabía que había sido asesinada por testimonios de los primeros detenidos en la causa; la mataron a golpes por negarse a tener sexo grupal. Los medios de comunicación, que se ocuparon más de indagar en la vida personal de Melina que de repudiar el hecho, llegaron a describirla como “una fanática de los boliches que abandonó la secundaria”. Tras la aparición de su cuerpo, la primera pregunta que le hicieron a su padre fue cuál era el consejo que le podía dar a los padres de adolescentes que no aceptan límites. Una vez más, la opinión pública, descarga todo el peso del patriarcado sobre la víctima, en quien se busca encontrar a la culpable, como sucede cada vez que una mujer es asesinada por un hombre. Durante la tarde del domingo 21 de septiembre, en Córdoba, es encontrada sin vida Paola Acosta, desaparecida desde el miércoles 17 junto a su pequeña hija de dos años. Lo último que se supo de la mujer es que iría a encontrarse con el padre de su hija Gonzalo Lizarralde , quien luego de reiterados pedidos había accedido a pagar la cuota alimentaria y manifestado su interés de ver a la niña. Ambas fueron halladas dentro de una alcantarilla. Paola fue asesinada a puñaladas y su hijita Martina estaba con vida y había pasado cerca de 80 horas junto al cuerpo de su mamá. Al momento de conocerse la desaparición y de ser realizada la denuncia, la justicia machista se ocupo de indagar en la vida de Paola, en buscar las justificaciones de una ausencia voluntaria, sin atender los pedidos de la familia que señalaban a Lizarralde como el principal sospechoso. Pero el hecho de que Lizarralde perteneciera a una familia de dinero hizo que sea imputado e investigado luego del hallazgo del cuerpo. Paola era madre de dos varones además de Martina. El viernes 5 de setiembre por la noche, por un error de la justicia, fue liberado Gabriel “el chancho” Maldonado, femicida de Mariana Condorí, quien fue asesinada hace dos años en la ciudad de La Plata. Mariana había denunciado en tres ocasiones a Maldonado por violencia hacia ella y hacia sus hijos. En una de las denuncias llegó a contar como Maldonado le fracturó la mandíbula. Frente a estas denuncias la justicia resolvió que haya un proceso de mediación, es decir, que en lugar de buscar los instrumentos de protección de la víctima y su familia se la hizo encontrar cara a cara con el violento. Cuando Mariana fue hallada muerta la justicia centró la investigación, sin peritajes previos, sobre la hipótesis del suicidio. Aún hoy la jueza Garmendia y el fiscal Romero se niegan a elevar a juicio el caso donde Maldonado está imputado por “Instigación al suicidio” y el cuerpo de Mariana sigue sin ser peritado. Cuatro días después de la liberación por “error” y gracias a la presión de la familia, se realiza el pedido de captura para Maldonado, quien se fuga y antes de ser recapturado balea la casa de la familia de Mariana. El femicidio es la forma más extrema de violencia hacia las mujeres, es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer que considera de su propiedad. Argentina tiene una dolorosa estadística que demuestra cómo año tras año se incrementan estos crímenes. El relevamiento que realiza el Observatorio de femicidios en Argentina, a cargo de La casa del encuentro (ONG que surgió en el año 2003 con el objetivo de desarrollar asistencia, prevención, investigaciones y propuestas de incidencia en políticas públicas y la erradicación de toda forma de violencia sexista) muestra que durante el 2013 fueron cometidos 295 femicidios, es decir, que en nuestro país muere una mujer cada 30 horas. De este relevamiento se desprenden otros datos que vale la pena tener en cuenta: el 63% de los crímenes fueron cometidos por sus esposos, novios o parejas. El 16% de las mujeres ya había denunciado a su asesino. El 52% de ellas fueron asesinadas en la vivienda que compartían con el agresor, 19 eran adolescentes y 405 niños y niñas quedaron sin su mamá. Si se mantiene la tendencia, para este año la cifra se incrementaría. En 2009 y como fruto de una larga lucha se sancionó la Ley 26.485 sobre protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sin embargo no hace falta aclarar que la aprobación de una ley no eliminó este flagelo. El gobierno nacional se encarga de destinar un mínimo presupuesto a las políticas públicas en materia de género pero no toma medidas que ayuden al menos a frenar esta dramática realidad que crece día a día; no forma equipos interdisciplinarios para intervenir en situaciones de violencia, no se crea de parte del Estado un organismo que se encargue de relevar en profundidad el alcance de la problemática utilizando los datos hospitalarios , policiales y jurídicos a su alcance, y las políticas de intervención están centradas en el asesoramiento más que en garantizar un acompañamiento efectivo de la víctima como, por ejemplo, creando refugios de resguardo o haciendo efectiva la exclusión perimetral del violento denunciado. El femicidio es el punto culmine de la violencia sexista que vivimos durante toda nuestra vida, solo por el hecho de ser mujeres. Creemos que en el marco de la construcción de relaciones sociales igualitarias es necesario debatir de cara a la sociedad, visibilizar esta violencia y combatirla. A días de realizarse el XXIX Encuentro Nacional de Mujeres, desde la Juventud Guevarista exigimos: Basta de femicidios. Justicia para Melina, Paola y Mariana y todas las víctimas de la violencia machista. Aplicación efectiva de la ley de educación sexual integral. Aborto legal, seguro y gratuito. Desmantelamiento de las redes de trata. Basta de justicia sexista y patriarcal. Carolina Torres Canollán – Juventud Guevarista La Plata